El Consejo de Ministros verá por fin y aprobará hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que no inició su trámite parlamentario la semana pasada, como estaba previsto, porque quedaban por estudiar algunas "observaciones". La nueva ley implantará evaluaciones nacionales a final de cada etapa educativa y transformará cuarto de ESO en un curso de iniciación hacia bachillerato o FP.
El pasado 25 de abril, la secretaria de Estado de Educación, anunció que el anteproyecto de la ley llegaría al Consejo de Ministros el viernes 10 de mayo, lo que suscitó una crítica unánime entre los sindicatos y asociaciones de padres y estudiantes que habían convocado una huelga general en el sector educativo justo un día antes, el 9 de mayo, en contra de la ley.
Cuando llegado el día, el texto no llegó al Consejo de Ministros, estos sectores, reunidos en la Plataforma por la Escuela Pública, interpretaron que era un aplazamiento fruto de la presión popular, pues decenas de miles de personas se habían manifestado en una treintena de ciudades contra la ley y los recortes durante la jorada de protesta.
No obstante, el texto podría incluir otras novedades respecto de su redacción original, ya que Educación se ha mostrado dispuesto a atender determinadas observaciones del Consejo de Estado sobre su contenido. Se trata en concreto de dos: la forma de garantizar la libre elección del castellano como lengua vehicular en Cataluña y de permitir que los colegios que separan por sexo a los alumnos tengan acceso a conciertos públicos.
Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que Gomendio se mostró asimismo dispuesta a trabajar.
El objetivo del Gobierno es que la LOMCE, la séptima ley educativa 37 años de democracia, esté aprobada "en otoño" a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y llegue a las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.
Una Ley de 400 millones de euros
Sobre la memoria económica, si bien Wert dijo al presentar el anteproyecto que tendría un coste "nulo" de implementación y para su consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros, en enero de este año concretó que el Estado asumiría costes directos por importe de 408 millones de euros -23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero-.
Las comunidades, según dijo entonces, asumirán los gastos de consolidación, que variarán en función del "éxito" en términos de abandono escolar de la reforma. Tanto el Consejo Escolar como el Consejo de Estado advirtieron de la necesidad de dotar de medios suficientes la ley.
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