El Gobierno quiere que la reforma educativa se ponga en marcha cuanto antes, en septiembre del año que viene, y que esté desarrollada completamente en dos años. Para ello, ha cambiado uno de los puntos del proyecto de ley (LOMCE) que acaba de remitir al Congreso para su tramitación y que, en la práctica, acorta de 14 a nueve meses la entrada en vigor tras su aprobación. Un calendario que obliga al propio Ministerio de Educación, a las comunidades y a las editoriales a desarrollar el nuevo modelo con unos tiempos que algunas autonomías consideran imposible, no solo por las prisas que pueden acabar afectando a la calidad del resultado, sino por los propios tiempos legales que exigen periodos de consultas y trámites.
El propio Consejo de Estado, aún con la versión anterior, había advertido: “Quizá debería reconsiderarse” el plazo que se establece para implantar “una reforma tan profunda”, porque la “aplicación completa del nuevo modelo exige, además de aprobar los decretos básicos de desarrollo y los decretos de las comunidades autónomas de adaptación de los centros y de los libros, una inversión ingente a asumir en tres ejercicios presupuestarios”.
De esta forma, se evitaría lo que ocurrió con la anterior ley escolar que aprobó un Gobierno del PP, la LOCE, en diciembre de 2002. Esta solo entró en vigor en una pequeña parte, porque la paralizó el PSOE en 2004, en cuanto llegó al poder. Así, Educación apretará esta vez el paso, con lo que la norma ya estaría casi completamente en marcha cuando lleguen las siguientes elecciones generales, a finales de 2015. Un portavoz del ministerio que dirige José Ignacio Wert calculó que para los desarrollos de la ley hacen falta unos ocho meses.
“Es imposible que lleguemos con los desarrollos curriculares, a no ser que hagamos la chapuza correspondiente”, se queja, sin embargo, el consejero canario de Educación, José Miguel Pérez, del PSOE. A los decretos del Gobierno central (sobre currículos, el nuevo diseño con itinerarios de 3º y 4º de la ESO, la nueva FP Básica, el adelanto de los programas para alumnos con dificultades, las reválidas...), les han de seguir los autonómicos y la preparación de los colegios e institutos. El propio ministerio admitió la semana pasada que la LOMCE es la mayor transformación del sistema escolar desde la aprobación de la LOGSE en 1990. La diferencia es que aquella se desarrolló durante 10 años hasta su implantación completa en Bachillerato, en 2000.
Contexto de recortes
Pérez recuerda, además, que ahora hay que hacerlo en un contexto de recortes, con una memoria económica de la ley que despierta recelos incluso dentro del PP y con un modelo de reparto de competencias muy distinto: el Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachillerato (Ciencias, Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero...). Con ellas llenará, al menos, la mitad del horario. Para casi todas las demás, las “específicas” (Educación Física, Plástica, entre otras) fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías establecerán el temario concreto en este caso. Y hay un tercer grupo, de materias de libre configuración autonómica, donde se colocan las lenguas cooficiales y aquellas que quieran sumar las comunidades.
En medio de todo eso, las editoriales van avanzando como pueden, “planificando con agobio”, admite José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele). Moyano señala que el tiempo, si quieren poner en marcha la reforma en el curso 2014-2015, es muy justo, requiere un enorme esfuerzo organizativo y de dinero. El desarrollo de un temario les costó a las editoriales en el último cambio legal en torno a un millón de euros por asignatura y curso, según datos de Anele.
Los responsables de la asociación ya se han reunido y están en contacto con el Ministerio de Educación, y Moyano confía en que se irá trabajando en esos desarrollos de contenidos en paralelo a la tramitación de la ley. “El ministerio tiene que aprobar 18 decretos de desarrollo”, calcula Moyano, que explica que, normalmente, se tarda de 15 a 18 meses desde la aprobación de una ley en hacer lo que esta vez se quiere desplegar en un año. Y eso, contando desde ahora mismo, pues para que los libros se empiecen a usar en septiembre de 2014 las editoriales han de tenerlos preparados para mayo o junio, que es cuando los colegios e institutos diseñan el curso siguiente.
“Tenemos toda la maquinaria preparada, no es la primera vez que actuamos con rapidez, ya tenemos la experiencia del desarrollo de la LOE, que en algún momento fue muy rápido”, dice Rafael Carbonell, secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, que añade que ya han empezado a adelantar trabajo, informa Juan Manuel Játiva. Sin embargo, esta vez tendrían que ser mucho más rápidos. La LOE fue aprobada en abril de 2006, los reales decretos del ministerio para primaria y ESO llegaron en diciembre, y los desarrollos valencianos, en julio de 2007; esto es, 15 meses después de aprobada la ley.
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