El cambio político siembra dudas sobre asignaturas, la red concertada, la enseñanza en castellano, el calendario escolar y la vigencia de las guarderías.
El giro a la izquierda en la Comunitat va a revolucionar el sistema educativo, una de las áreas donde más ideas de cambio plantean los programas electorales. Lo que ha pasado esta semana con el calendario, con los potenciales representantes del próximo ejecutivo anunciando que revertirán las fechas de inicio y finalización del curso que propone la conselleria en funciones es un buen ejemplo de que el debate va a ser intenso.
Las novedades serán muchas: se creará una alternativa pública al servicio actual de las guarderías, la mayoría privadas, se revisará el modelo de concertación de centros y habrán cambios en relación a las políticas lingüísticas y de personal, sin olvidar otros aspectos de ordenación académica que pueden abarcar desde el proceso de admisión hasta la manera en que se implanta la ley del Gobierno (Lomce). En síntesis, de los contratos que firman los partidos con la ciudadanía, los programas, se extrae una idea central: el sistema que de la mano del PP se ha consolidado en las últimas décadas saltará por los aires.
Las propuestas del PSPV, Compromís y Podemos son coincidentes en muchos aspectos. Uno es el tratamiento de la red concertada, que puede perder su condición de complementaria para pasar a ser subsidiaria de la pública. Aunque no se habla de desaparición completa, sí aparecen propuestas restrictivas de diferente graduación. Compromís propone la desaparición progresiva de los conciertos en Bachillerato y FP al ser estudios no obligatorios, una medida que afectaría a 152 centros y a 1.004 aulas, que son las que funcionan hoy en día. Además, prevé no conveniar más unidades en el resto de etapas mientras hayan plazas libres en centros públicos.
El PSPV, por su parte, dice que deberán garantizar la escolarización equitativa del alumnado con especiales dificultades y la no discriminación por motivos de género, raza, origen o creencias religiosas. Esta generalización esconde una clave importante: los centro de educación diferenciada, los que sólo admiten niños o niñas, están en el punto de mira (también hay referencias en el programa de Compromís).
Habrá que ver hasta qué punto sería posible retirarles el concierto, un acto administrativo ya firmado que genera unos derechos a los titulares, sin olvidar que la Lomce da cobertura legal a este modelo. Además, el PSPV es el único que se refiere explícitamente a los concertados construidos sobre parcelas públicas, anunciando la paralización de cualquier proyecto de este tipo.
Podemos tampoco llega al nivel de concreción de los nacionalistas, aunque apuesta "por una clara priorización de la enseñanza pública frente a la concertada" con el objetivo de que los alumnos tengan plaza "en un centro cercano a su zona de residencia".
La incertidumbre también afecta a las escuelas infantiles, las mal llamadas guarderías, pues se atisba el fin del sistema de colaboración público-privada que se materializa en dar ayudas de la Generalitat a todos los niños matriculados (de 0 a 3 años), que se descuentan de los recibos mensuales. Fue una medida popular, pues se apostó por una red privada pero subvencionada en contraposición al modelo de ‘escoletes’ que se quiere recuperar.
Los tres partidos son claros a la hora defenderlo. El PSPV garantiza puestos gratuitos para los niños de dos años, iniciativa similar a la que funciona en Cantabria, y una "progresiva universalización de la oferta con ayudas económicas en función de la renta". En cuanto a Podemos, apuesta por crear «todas las plazas públicas necesarias para cubrir la demanda de la población» en colaboración con los ayuntamientos -Compromís expresa una idea similar de manera distinta- y propone integrar la actual red en la Conselleria de Educación, aunque con carácter público y gratuito.
Estos centros, quizá los que peor lo han pasado por los impagos de los últimos años, temen una fuga de matrículas si se materializan estas medidas o desaparece la universalidad de la subvención actual.
Otro de los planteamientos coincidentes es la derogación del decreto sobre plurilingüismo, del que emana el modelo de enseñanza que hoy funciona en las aulas. En síntesis, incluye dos opciones: línea en valenciano o en castellano, con la obligación de incluir al menos una asignatura no lingüística en inglés y otra en la lengua que no sea la base del programa. Podemos prevé una evaluación del sistema bilingüe, que considera segregador, y la elaboración de un "plan de aprendizaje integrado de las lenguas". No se llega a desarrollar en qué consistirá, aunque se incluye la idea de favorecer el estudio de las extranjeras. El PSPV quiere que se garantice a todo el alumnado que termine la educación obligatoria el dominio de las dos lenguas cooficiales y un conocimiento adecuado de otra foránea, a ser posible el inglés. Es quizá la única propuesta que desliza la opción de que se mantenga la oferta en castellano, aunque seguro que habrá diferencias respecto a la actual, como un mayor peso del valenciano en este tipo de líneas.
Compromís profundiza más en el apartado de su programa referido a la política lingüística: "El sistema educativo tiene que garantizar el conocimiento y la capacidad de expresarse en valenciano, por eso conviene superar los actuales modelos de educación bilingüe y establecer un único modelo de inmersión lingüística en el que se incorporan dos lenguas extranjeras más".
En otras palabras su postura es que la enseñanza sea básicamente en valenciano, aunque habrá que ver cómo se coordinan sus intereses con los del PSPV. Podría apostarse por una propuesta en la lengua materna pero con cierta flexibilidad para que los centros puedan decidir hasta qué punto se amplía el castellano, algo parecido a lo que sucede en Cataluña. Tampoco se puede olvidar el marco legal existente que se deriva de la Lomce y que exige cierto peso para la lengua estatal a la hora de impartir clases, como bien saben en la comunidad vecina.
Las propuestas del tripartito son especialmente amplias en dos capítulos: el de personal y el referido a las ayudas sociales educativas. En cuanto al primero se quiere aumentar la estabilidad de las plantillas a través de ofertas públicas de empleo, lo que se traducirá en más puestos docentes de funcionarios con los que se pretende mejorar la atención en las escuelas y posibilitar otro anuncio: la bajada de las ratios máximas de alumnos por aula. En cuanto a la atención a las familias con problemas económicos, se habla de abrir comedores escolares en verano, aumentar las becas, flexibilizar las ayudas de transporte o fomentar la gratuidad de los libros de texto, ya sea pactando precios con las editoriales (idea de Compromís) o impulsando los préstamos en los centros. Hay que recordar que la partida para facilitar la obtención de manuales fue prácticamente eliminada por el Consell como una medida de contención de déficit.
PSPV, Compromís y Podemos también coinciden en su rechazo a la Lomce, aunque no hay mucho margen de maniobra al depender del gobierno central. Eso sí, se lanzan propuestas de resistencia a su aplicación, como devolver competencias al consejo escolar que han pasado a los equipos directivos o reducir el peso de los representantes de la administración en los procesos de selección de directores.
Además hay que tener en cuenta que la ley será derogada si hay cambio en el Gobierno, lo que abre un abanico de posibilidades: la recuperación de asignaturas como Educación para la Ciudadanía, novedades en el tratamiento de la Religión, la vuelta a la legislación anterior o el impulso de otra normativa nueva, con los consiguientes cambios curriculares y de libros. En clave valenciana se quiere promover una ley autonómica de educación que sentaría las bases del modelo a aplicar en la Comunitat. Habrá que ver qué consensos se alcanzan al tratarse de un tema especialmente sensible.
En cuanto a ordenación, es segura la desaparición del distrito único (se desprende de los tres programas), por lo que se volverá a priorizar la proximidad entre la escuela y la vivienda y se dificultará la elección de cualquier centro de un mismo municipio. No hay referencias, en cambio, a la posibilidad de implantar la jornada continua, aunque es seguro que la pedirán los sindicatos al tratarse de una reivindicación histórica. También habrán variaciones en el calendario con un más que probable retraso del inicio de las clases.
