El conseller recuerda que el curso ya está planificado pese a que el Ministerio argumenta que el descenso debe ser efectivo este ejercicio
El conseller Vicent Marzà reaccionó así al anuncio del secretario de Estado del ministerio, Marcial Marín, hecho el 21 de agosto de posibilitar una bajada de las ratios máximas de alumnos por aula para el curso que viene, revirtiendo así el incremento del 20% en vigor desde 2012.
El máximo responsable educativo de la Comunitat rechazó la medida si no está acompañada de la financiación necesaria para implantarla, pues en la práctica implicará más contrataciones de profesores, y la tachó de «brindis al sol» y de estar condicionada por la cercanía de las próximas elecciones generales.
LOS NUEVOS LÍMITES
25 alumnos será el nuevo límite para las aulas de Infantil y Primaria. En 2012 se elevó a 30.
30 estudiantes como máximo se admitirán en ESO y FP, frente a los 35 actuales.
35 alumnos como tope se admitirán en Bachillerato. Ahora los centros pueden llegar hasta 42.
«Sorprenden estas declaraciones cuando no han dado una respuesta formal a esta conselleria -que pidió minorarlas en la última reunión en Madrid- y que se haga una especie de brindis al sol en el sentido de que se podrán reducir las ratios este curso sin decirnos cómo, de qué manera y cómo se va a financiar», explicó Marzà en un comunicado.
También recordó que el curso ya está planificado con los topes de 2012: «Nos gustaría que el ministerio concretara cómo tirar adelante y que no se quede sólo en una medida electoralista».
Además, criticó que se diga que los nuevos máximos deberán ser efectivos en 2016 «cuando el curso no empieza en año natural sino en pocas semanas». «Necesitamos una solución. Si realmente quieren que se aplique tendrán que decirnos cómo financiarlo, teniendo en cuenta la financiación totalmente injusta que tenemos los valencianos», sentenció.
Hay que recordar que la bajada de las ratios está directamente vinculada a la posibilidad de contar con más personal docente. El real decreto de racionalización del gasto educativo, el de 2012, estableció que mientras las comunidades no pudieran reponer más del 50% de los efectivos docentes que causaban baja en el sistema (jubilaciones, fallecimientos o excedencias), deberían aumentar las ratios máximas hasta un 20% en todas las etapas educativas. Es decir, al contar con menos profesores habrían menos aulas, aunque más llenas.
El límite del 50% cambiará en 2016, pues los presupuestos contemplan que la tasa de reposición sea del 100%, lo que significa que se podrán cubrir todas las salidas de profesores que se produzcan. Y desde el ministerio interpretan que en cuanto entren en vigor las cuentas estatales automáticamente perderá vigencia la medida de incrementar el máximo de alumnos por aula incluida en el citado decreto, de manera que se volverá a lo dispuesto en la legislación básica: 25 alumnos para Infantil y Primaria (ahora son 30), 30 para ESO (36) y 35 para Bachillerato (42).
En otras palabras, el ministerio considera que en los seis meses lectivos de 2016 no podrá haber aulas por encima de los topes.
Si el ministerio mantiene la misma idea, en los próximos meses las comunidades podrían enfrentarse a una planificación extraordinaria, en el sentido de que bajar las ratios supondría desdoblar las aulas donde se infringieran, buscar espacios disponibles en los centros e impulsar procesos extraordinarios para contratar más personal.
Eso sí, negarse a aplicar la medida del Gobierno puede causarle problemas a Marzà. Más allá de las consecuencias de no trasladarla a los colegios valencianos, será difícil hacer entendible esta oposición entre el profesorado y los equipos directivos, cuyos representantes sindicales han planteado esta reivindicación de forma constante en los últimos años de gobierno popular.
Además, si bien es cierto que en el programa electoral de Compromís no figura esta idea directamente -aunque se habla de mejorar las condiciones laborales del profesorado- sí es explícita en el del PSPV. Y sin vinculación alguna a la necesidad de más financiación estatal específica para este menester.
Críticas y apoyos
Las reacciones al anuncio del ministerio se sucedieron ayer, y con la salvedad del sindicato Anpe, el resto de actores pusieron en entredicho la posibilidad de aplicar la bajada inmediatamente. El presidente de la citada organización, Nicolás Sánchez, aseveró en declaraciones recogidas por Efe que los efectos ya podrían darse este próximo curso. «Si se quiere realmente bajar las ratios se puede llevar a cabo la contratación de profesores que hayan aprobado las oposiciones este último año y también se pueden cubrir plazas con interinos. Siempre que haya voluntad política se puede hacer», dijo.
Por contra, el secretario general de Fete UGT, Carlos López, mostró sus dudas ante «el desarrollo real» de la medida al considerar que está pensada para el nuevo ejercicio y lamentó su carácter electoralista. En la misma línea se expresó Francisco García, su homólogo de CC. OO., quien recordó los recortes de profesorado aplicados en los últimos años y la necesidad de revertirlos. Por último, Jesús Salido, el presidente de la Confederación Española de Ampas (Ceapa), restó veracidad al anuncio al no estar acompañado de dotaciones presupuestarias y otras medidas para llevarlo a la práctica.
